El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha informado sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, publicado el 30 de junio. Este decreto busca prorrogar el traslado forzoso de menores no acompañados entre comunidades autónomas.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid presentó este recurso el 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. El recurso ya ha sido admitido a trámite.
El Real Decreto establece el número de menores extranjeros no acompañados que cada comunidad y ciudad autónoma puede atender en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio que comenzó en 2025. Este sistema fue establecido por el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que ya ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, incluida Madrid.
Acciones judiciales en curso
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid tiene en marcha un total de seis actuaciones judiciales para frenar diversas decisiones del Gobierno central en materia migratoria, organizadas en cuatro bloques relacionados. Entre las acciones se incluyen:
- Recurso ante el Tribunal Constitucional del Real Decreto-ley 2/2025.
- Recurso ante el Tribunal Supremo del Real Decreto 658/2025.
- Recursos ante el Tribunal Supremo de los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026.
La Comunidad de Madrid argumenta que estos decretos invaden sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, además de cuestionar el uso de un Real Decreto-ley para regular estas materias.
Suspensión de traslados
El Ejecutivo regional también ha emprendido acciones judiciales contra procedimientos específicos de ubicación y traslado de menores a la región, solicitando su suspensión. El objetivo es evitar que estos traslados se realicen mientras se espera la resolución sobre la constitucionalidad del sistema que los regula.
Asilo y protección internacional
En el ámbito de asilo y protección internacional, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que en diciembre del año pasado obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo en la Comunidad de Madrid. El tribunal determinó que la acogida de estos menores corresponde al Estado, al ser la administración competente en esta materia.
